Corren tiempos de cambio para la política española: la llegada de la famosa Carmena al Ayuntamiento de Madrid y de Ada Colau al de Barcelona así lo ponen de manifiesto. A la espera de ver lo que ocurre en los próximos meses (el 20-D hay elecciones generales), en este blog nos hemos preguntado si esos cambios se han traducido también en una nueva política de vivienda. ¿Afectará al precio de la vivienda? ¿Y a las políticas fiscales? ¿Y qué hay del poder de la CUP con el nuevo gobierno catalán? Veámoslo.
Madrid: más vivienda oficial y bajada del IBI
Empecemos por Madrid. Hace muy poquitas semanas había novedades en este Ayuntamiento en materia de vivienda: la alcaldesa anunciaba que, al contrario que su predecesora Ana Botella, el actual consistorio sí consideraba necesario construir nueva vivienda social. Para el año que viene, están previstas 612 nuevas viviendas protegidas, que se suman a otras 600 que hay previsto entregar a final de este mismo año.
Esta nueva sensibilidad por el acceso a la vivienda, unido a la comprensión mostrada por Manuela Carmena para con la okupación de vivienda, ha despertado algunos interrogantes. Por un lado, sus contrincantes políticos la acusan de provocar un ‘efecto llamada’ a los okupas. Por otro, el hecho de construir nueva vivienda social resta valor de mercado a las viviendas ya existentes –como es lógico, cuantas más viviendas haya disponibles, menor será su valor–. Habrá que esperar aún para ver su efecto sobre el valor real de los inmuebles.
¿Y qué hay de la política fiscal? Por el momento, el Ayuntamiento de Madrid ha bajado un 7% el tipo impositivo del IBI, que pasará de 350 euros (de media) a 325 euros al año.
Y ojo a esta otra medida: el Ayuntamiento de Madrid ha instado al Gobierno central a que revise el valor catastral de todos los distritos de Madrid, de forma que se ajuste a su valor de mercado real (en algunos casos hay diferencias realmente importantes).
Barcelona: sensibilidad con los desahucios y congelar el IBI
Las ‘aguas inmobiliarias’ bajan igualmente movidas en Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau acaba de exigir a la SAREB –conocida como ‘el banco malo’– que ceda a la ciudad los 562 pisos vacíos que tiene en Barcelona.
También es conocida su mano dura con las entidades bancarias que tienen en propiedad pisos vacíos, a las que está castigando con multas. Esto podría generar una cierta presión sobre bancos y cajas por deshacerse de ellos, abaratando así los precios. No obstante, es una conclusión muy precipitada a estas alturas, porque está por ver que las entidades bancarias se amedrentarán por estas sanciones.
Algo similar ocurre con el anuncio de revisar los 10.400 contratos de vivienda social en activo, con el fin de detectar posibles fraudes. Pero poco o nada afectará esta revisión al mercado inmobiliario como tal.
El consistorio barcelonés ha instado al Gobierno central a que impulse una ley que garantice el derecho a la vivienda digna, pero esto último queda –de momento– en poco más que un gesto político de buenas intenciones.
Donde sí se producen cambios es –una vez más– en el catastro. Colau tiene intención de revisarlo para actualizarlo (data de 2001), lo que en principio llevaría aparejado una subida del IBI. De momento, eso sí, el proyecto de Ordenanzas Fiscales de Barcelona prevé congelar el IBI, de forma que no se subirá este impuesto a corto plazo –ya veremos qué ocurre si finalmente se revisa el catastro–.
La ‘incógnita CUP’
¿Y qué hay de la CUP? Sin duda, tienen la llave del Govern de Catalunya y están en condiciones de imponer condiciones, así que es importante lo que piense este partido sobre política de vivienda. El pasado 8 de octubre, hicieron públicas sus condiciones para dar apoyo a Junts pel Sí. En un paquete de casi 40 medidas, figuraba el acceso a electricidad, agua y vivienda gratis para todos los ciudadanos que lo necesiten.
Conclusión…
En resumen, lo visto hasta la fecha en los grandes municipios donde se ha producido un cambio político puede resumirse en una mayor sensibilidad por el acceso a la vivienda, pero a la vez pone de manifiesto el escaso poder para obrar cambios profundos que afecten significativamente al mercado inmobiliario.
Tampoco parece que puedan afectar de forma importante a nuestra hipoteca ni –visto lo visto– a los impuestos que a día de hoy estamos pagando.
El próximo 20-D, cuando tengan lugar las elecciones generales, las cosas podrían cambiar. Pero para eso las encuestas –favorables de momento a los partidos de siempre, o en todo caso a Ciudadanos– deberían dar un giro radical.
